Los establecimientos mercantiles están sometidos a una estricta reglamentación para el desarrollo de ciertas actividades, puesto que éstas de alguna manera influyen en la esfera de derechos de otras personas (vecinos, peatones etc.). Para prevenir posibles daños económicos (multas, indemnizaciones etc.) hay que respetar los procedimientos para la adquisición de éstas licencias.
La contratación con cualquier Administración (Ayuntamientos, Generalitat, Estado) está regulada por normativa de carácter estatal y europeo en aras de la protección de la objetividad de la misma.
Los funcionarios están sometidos a unas restricciones más fuertes que las del resto de trabajadores que a su vez conllevan unas responsabilidades mayores. Los derechos de los funcionarios no pueden verse mermados por interpretaciones equivocadas de las normas por parte de la Administración. Para la defensa de esos derechos el funcionario debe de estar asesorado tanto en el procedimiento administrativo como en el contencioso-administrativo.
La Administración puede expropiar terrenos y viviendas de una forma limitada por la ley y por la justicia. La labor de un jurista en este campo es asegurar el respeto de los procedimientos establecidos así como de las limitaciones impuestas por la ley, obteniendo los máximos derechos e indemnizaciones para los expropiados.
La posesión y compra-venta de terrenos lleva aparejada derechos y deberes que pueden verse afectados por los planes de ordenamiento urbanístico llevados a cabo por los ayuntamientos. En nuestro despacho le asesoramos sobre la forma más eficaz de asegurar sus intereses.